MOCORETÁ: JUSTICIA A CUENTAGOTAS PARA LOS VULNERABLES Violencia obstétrica y sistema judicial del patriarcado.

Ya pasaron 25 días de la combinación de violencias institucionales contra Perla Amarilla en la ciudad de Mocoretá.La violencia obstétrica en el Hospital, seguida de la muerte de su bebe, y el desamparo Municipal para asistir el traslado desde Paso de los Libres, han colocado a la familia Amarilla como una más de los cientos de víctimas del abandono, destrato y desconsideración por la única razón de ser mujeres, humildes y vulnerables.

El hecho ganó los medios, las redes y las calles clamando por justicia y esclarecimiento. No están ajenos ni el Gobernador ni sus Ministros. Sin embargo, a casi un mes de los hechos, la pachorra judicial es sorprendente.

Recién ayer, jueves 28 de abril, autoridades de la fiscalía de Monte Caseros (Fiscal Ricardo López Ruiz y Secretario Mariano Duarte) se trasladaron a la ciudad de Mocoretá para tomar cartas en el asunto. La noticia, que no deja de ser positiva, está mediada por la presión ejercida por una Concentración de familiares y organizaciones en las puertas de la Fiscalía el viernes pasado en la ciudad de Monte Caseros. La protesta pacífica pretendió ser amedrentada con policías en las inmediaciones y con la influencia del Fiscal sobre las organizaciones “para que no se haga barullo en el lugar”.

Lejos de acobardarse, familiares y organizaciones presentes pusieron el “grito en el cielo” para que sus exigencias de justicia sean investigadas. Es necesario decir esto para contextualizar las razones del traslado de estas autoridades a la ciudad de Mocoretá.

Sin embargo, también hay que decir que ha sido una práctica amañada y reñida con la formalidad judicial ya que no hubieron citaciones y solo llamadas telefónicas, que dicha audiencia se da en un marco fuera de la perspectiva de género, ya que dos hombres entrevistan a una mujer en estado de vulnerabilidad y, a pesar que todo lo dicho por Perla ya está en la denuncia radicada, vuelven a revictimizarla, recordando y registrando nuevamente cada uno de sus padecimientos.

Es una Justicia ajustada a favorecer a los criminales, a darles tiempo para que se profuguen o para que puedan obstaculizar las investigaciones; y eso se nota aún más cuando las víctimas son trabajadores. En otros casos actúan con prontitud y celeridad.

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Desde la CODEJU no nos dejamos engañar en ver como la fiscalía “trabaja para la tribuna” y lo hace con pasmosa lentitud. También repudiamos el sostenimiento político que hacen desde el ministerio de Salud al médico Diego Bonomo, quién al estar sospechado debiera estar apartado del régimen sanitario provincial hasta que se pruebe lo contrario. Un caso similar se registra para la funcionaria Municipal Mirian Aguirre quien aún está en su puesto de trabajo y con el total apoyo del intendente Juan Pablo Fornaroli.

La familia y las organizaciones no están dispuestas a bajar el brazo y evalúan tomar medidas en los próximos días en caso que vean estancadas o desviadas las investigaciones judiciales o se profundice el sostenimiento político de lxs sospechadxs en crímenes tan graves como los conocidos.
EXIGIMOS:
•   CELERIDAD JUDICIAL PARA EL ESCLARECIMIENTO.
•  QUE SE APARTE DE SUS LUGARES DE TRABAJO A LXS SOSPECHADXS, PARA QUE NINGÚN CIUDADANX DE MOCORETÁ VUELVA A SER VÍCTIMA DE ESTOS DELITOS.

CODEJU
29/04/22

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