Agenda legislativa con perspectiva de género en Argentina
Una nueva ley del aborto, modificación de la ESI y el cupo laboral trans son tres de los temas prioritarios para el feminismo argentino.
Durante el 2018, el movimiento feminista en las calles, permitió que los temas de la agenda social de las mujeres llegaran al Congreso Nacional con el histórico tratamiento de la ley de la legalización del aborto y aprobación de otras como la Ley Micaela que obliga a los funcionarios del Estado a una capacitación sobre violencia de género.
Para este período se espera lograr el tratamiento y la aprobación de una nueva propuesta sobre El Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Está previsto que más de 300 organizaciones, las cuales componen la campaña, votarán en un Plenario, el nuevo proyecto. “La redacción mantendrá la premisa de la IVE en instituciones de salud de todo el país”, aseguran desde el frente social.
Por otra parte y a contra marcha de las presiones que surgen en los sectores conservadores – antiderechos- se espera que las otras leyes a implementarse, quiebren el duro cerco impuesto por las derechas partidarias en pleno uso de sus herramientas demagógicas.
La Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 espera su aplicación total en las instituciones educativas del país. Tiene por finalidad la enseñanza de educación sexual en establecimientos públicos y privados con una cuota de discrecionalidad.
El proyecto de reforma busca que los contenidos deben sean laicos y científicos. Además se actualiza e incluye la perspectiva de género tomando definiciones de leyes posteriores como la de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género. Ya obtuvo un dictamen en las comisiones de Educación y Familia de Diputados y aguarda ser tratado en ambas cámaras.
Desde la diversidad, con su propia lucha, buscan la oportunidad de federalizar los derechos laborales para la minoría trans. Cabe mencionar que en agosto de 2018 ingresó al Congreso de la Nación; el proyecto de Ley Diana Sacayán. Inspirada en la realizada para aplicación en el ámbito provincial de Buenos Aires desde 2015, la que establece el 1% de los cargos públicos en la gobernación, deben estar ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. “La provincia ha ido marcando un camino por sí sola por la clara necesida de del colectivo travesti-trans. Y la ejemplar sentencia por el travesticidio de Diana Sacayán también nos pone en un lugar de exigir las medidas de reparación a toda una historia de abandono de nuestras compañeras”, dijo Say Sacayán, hermano de Diana y activista.
La Ley presentada por la diputada nacional Mónica Macha, de Unidad Ciudadana, ya tiene el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), Cambiemos, Evolución Radical, Peronismo para la Victoria, Protectora y Unión Cívica Radical.