Maternidad forzada en niñas y adolescentes
La maternidad forzada es un modo de tortura arraigado en sociedades patriarcales donde el castigo y el abuso en la mujer, señala una constante “dueñidad” sobre el cuerpo y la persona de otra ser humana.
Las mujeres, niñas y adolescentes vulneradas en su condición, género, nivel socio económico, trasuntan una de muchas crueldades sistematizadas por la sociedad en Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina la quita de ayudas sociales a madres adolescentes, el exiguo dinero en subsidios a la infancia, la falta de contención a la víctima de abusos y la prevención, erradicación y condena a estos crímenes contra la niñez, nos pone en el incómodo sitio de combate a una de las batallas más duras que el feminismo libra por todas.
Un informe de la CEDAW que data del 2016 describe la realidad de Argentina con respecto a la maternidad forzada: “Según cifras de los últimos 5 años sustraídas de bases de datos oficiales, más de TRES MIL NIÑAS menores de 15 años por año afrontan embarazos y partos en Argentina, esto es, en promedio 9 NIÑAS POR DÍA ACUDEN AL SISTEMA DE SALUD CON OCASIÓN DE PARTO.
Los embarazos en éste rango de edad son en su gran mayoría resultado de abusos sexuales padecidos por las niñas por parte de familiares (padres, padrastros, hermanos, tíos, etc) o de varones cercanos del círculo familiar. Si bien la violencia sexual es una de las causales legales de interrupción del embarazo, en general es obstaculizado para las mujeres de todos los grupos de edad”
El conjunto de provincias del Noroeste (NOA) registraron tasas menores de 3. Desde 2012 y hasta 2014 se registra un incremento progresivo. La provincia de Salta especialmente mostró un crecimiento de niñas madres en toda la serie.
El conjunto de provincias del Noreste (NEA) aportan la mayor cantidad de nacimientos de niños/as de madres menores de 15 años, de ellas, Chaco y Misiones registran los datos más altos y una tendencia de ascenso año a año. En 2010 el NEA aportó el 26% del total de los nacimientos y en 2014 incrementó su proporción a cerca del 29%” describe el informe mencionado.
CONSULTE EL INFORME AQUI https://drive.google.com/open?id=1Znm9APB7ebGuqbWE1Cyfvs76bAAb5aaf
A principios del 2019, una cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación y un bebé en neonatología dejaba constantacia que eso no era Interrupción Legal del Embarazo, sino una maternidad forzada. Pues el acta de nacimiento y el proceso de adopción abierto, tampoco es lo que indica la ley.
Una niña sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas es una niña cuyos derechos fueron vulnerados demasiadas veces. A pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza.
A fuerza de “profesionales de la salud” que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. A fuerza de intereses políticos, que interpusieron recursos de amparo y que se manifestaron en la puerta del hospital. A fuerza de creencias personales por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921.
En este caso, el Estado provincial en Jujuy no estuvo ausente. Estuvo presente por acción y por omisión: impidió el derecho de la niña a la educación sexual integral que permite reconocer y denunciar un abuso, obstaculizó el acceso a los protocolos de actuación para estos casos, detallados en los «Lineamientos sobre Abusos Sexuales y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia», violó su derecho a la privacidad. El Estado provincial es responsable. (editorial fundación Huésped)
Se destaca que los riesgos que corren las niñas en estos embarazos son muy altos. El riesgo de vida suele ser el doble que de las mujeres de mayor edad; suelen padecer una serie de complicaciones graves como la fístula obstétrica, pre y eclampsia, depresión profunda, aislamiento social, etc. La causal salud para la práctica de aborto puede también -y ha sido- invocada en múltiples casos pero suele ser denegada.
A nivel físico, psíquico y social, la maternidad transforma la vida de las mujeres. Las niñas de 14, 13, 12 y menos años no están preparadas para afrontar esta experiencia ni la dimensión de las transformaciones y responsabilidades que ello implica. Las niñas expuestas al embarazo forzado ven limitados su derecho a la educación y a largo plazo, sus posibilidades laborales y socio-económicas en general. Las relaciones sociales y familiares suelen alterarse en perjuicio de las menores.
Observamos con preocupación que cada año tres mil niñas argentinas pasan por la experiencia de embarazo y parto, y las respuestas estatales son muy limitadas.
– La violencia sexual está sancionada pero la ley no se cumple. Se estima que más del 95% de los casos queda impune.
– Si bien en nuestro país es legal interrumpir el embarazo por las causales de violación sexual y salud, persisten las obstrucciones para el acceso a este derecho (ver informe específico sobre aborto)
– No hay protocolos específicos para atender a las niñas menores de 15. Las adolescentes que integran la población de 10 a 19 años constituyen un universo muy complejo y diverso en su interior en el cual las menores de 15 años están invisibilizadas en las estrategias preventivas y de atención de la salud.