Asamblea Constitutiva de la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias

En la UBA se realizó este viernes el encuentro en el que surgió un espacio de articulación plural de organizaciones de mujeres de sociedad civil, sindicales, políticas, empresarias para la acción por la soberanía alimentaria, el trabajo digno y el acceso a la salud y servicios públicos de calidad en condiciones de paridad entre mujeres y varones.

En la actual coyuntura, desde la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias, PROPONEMOS al nuevo Gobierno Nacional:

1. Gobierno y gabinete paritario y feminista, que contemple la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas del Estado. Compromiso de avanzar en un lenguaje no sexista e inclusivo en los documentos que emita el Estado.
2. Universalización de la educación inicial desde los 45 días y jornada extendida en los niveles inicial, primario y secundario. Implementación de programas de formación en oficios para personas con o sin discapacidad.
3. Actualización y cumplimiento efectivo de la ley de Educación Sexual Integral, ESI (Ley 26150/2006), con perspectiva de género, e inclusión de información sobre acceso a ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y MAC (Métodos anticonceptivos). Jerarquización del personal a cargo de su implementación.
4. Creación de un Sistema Integral de Cuidados y Apoyo para niñes y adultes mayores y personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres y grupos GLTBII}+.
5. Garantizar el acceso amplio y gratuito a métodos anticonceptivos y a la anticoncepción hormonal de emergencia, en todos los establecimientos de salud pública, en particular los de primer nivel de atención.
6. Despenalización y legalización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en forma segura y gratuita en todos los efectores de saluda. Hasta tanto, garantizar el cumplimiento efectivo del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE/2015, Secretaria de Salud de la Nación) en todo el país, y capacitar al personal de salud para garantizar su efectivo cumplimiento.
7. Monitorear el efectivo cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado. Crearlo para personas trans. Y para ambos colectivos, crear el cupo laboral en las empresas.
8. Monitorear el cumplimiento de la Ley de cupo femenino en los sindicatos (Ley 25674/2002) y la presencia efectiva de mujeres sindicalistas en las paritarias.
9. Otorgar subvenciones, créditos blandos y capacitación a mujeres y a grupos de la disidencia para desarrollar emprendimientos comunitarios destinados a la economía popular.
10. Promover y fortalecer subsistemas solidarios de producción, servicios y comercialización abarcando redes, cadenas y/o asociaciones, con uso apropiado de tecnología y preservación del medio ambiente; dotándolas de recursos para la comercialización directa.
11. Promover opciones urbanas innovadoras de vivienda que den respuesta a los nuevos tipos de familia, a la prolongación de la expectativa de vida de las personas y al derecho a la ciudad de los sectores más vulnerabilizados, contemplando las necesidades individuales y las experiencias colectivas.
12. Revisión de la ley de actualización de las jubilaciones. Reposición de moratorias blandas para que grupos vulnerabilizados, en especial mujeres, puedan acceder a la jubilación. Reactualización de las jubilaciones para las amas de casa. A futuro, requiere analizar un Nuevo Plan de Inclusión Previsional con perspectiva de género.
13. Cumplimiento efectivo de la legislación vigente contra la violencia basada en el género, con dotación presupuestaria para su implementación. Realización de campañas masivas destinadas al cambio cultural de los estereotipos sexistas todavía vigentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
14. Cumplimiento efectivo de la ley 27499 (Ley Micaela) para la capacitación del personal de los tres poderes del Estado sobre temas de género y violencia contra las mujeres. Esto implica que los servicios de educación, salud, justicia, seguridad y otros brindados por el estado tomen en cuenta la situación de las personas discriminadas o vulnerabilizadas por motivos de género.