La constante lucha con la #TrataDePersonas
30 de julio Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Solo en Argentina y en el 2018 se abrieron más de 3 mil investigaciones preliminares a raíz de denuncias.
La Trata de personas es uno de los delitos transnacionales que más dinero deja a los delincuentes junto al tráfico de armas y sustancias. A diferencia de los otros crímenes, la Trata, muchas veces, no es percibida como delito y las mafias se esconden bajo la necesidad de grupos muy vulnerados.
Este proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, no conoce fronteras y explota a mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres con fines de someterlos al trabajo forzoso, la esclavitud y la explotación sexual.
Si bien, tiene una compleja trama social que hace muy difícil el abordaje para ser combatido, es obligación de los gobiernos del mundo, realizar todos los esfuerzos posibles, desde todos los ámbitos para luchar contra este flagelo cuyas víctimas no tienen voz.
Este día fue creado por las Naciones Unidas para concientizar sobre la situación de las víctimas de la Trata y promover la protección de sus derechos.
Casos en el país
Recientemente se dio a conocer que en la Argentina durante 2018 se iniciaron 3254 investigaciones preliminares por denuncias de trata de personas, según surge de información oficial que al menos cuatro ministerios nacionales aportaron al gobierno de los Estados Unidos para la confección de un informe anual que analiza el tráfico de personas en todo el mundo.
“La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata de personas siguen siendo preocupaciones importantes en la Argentina”, dice el reporte global, rubricado por el secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo.
En la Argentina durante 2018 se iniciaron 3254 investigaciones preliminares por denuncias de trata de personas
El informe del Departamento de Estado subraya constantemente que se observa un “incremento” de los esfuerzos gubernamentales por desarrollar e implementar nuevas políticas de prevención, protección y persecución, esfuerzos que -según se explica en ese documento- se cristalizan, por ejemplo, en el aumento de las cifras correspondientes a investigaciones en curso, procesamientos, condenas e identificación y asistencia de las víctimas de este delito transnacional.
En este contexto, el informe dice: “La complicidad oficial, principalmente a nivel subnacional, continúa obstaculizando los esfuerzos del Gobierno para combatir la trata de personas”. Se refiere, elípticamente, a los casos que subsisten al amparo de zonas grises en la normativa o de ausencia de eficiente control a nivel municipal o, eventualmente, provincial.
En ocasiones, las organizaciones dedicadas al tráfico y explotación de mujeres -especialmente, migrantes- aprovechan el control de determinadas zonas (sobre todo, polos productivos con importante incidencia de recursos laborales ocasionales) para dominar los espacios de trata de personas y, también, la venta de drogas.
En el país, según la ley vigente, promover o facilitar la prostitución de una persona está penado con prisión de 4 a 6 años de prisión, aunque medie el consentimiento de la víctima, y hay diversos agravantes que suman la condena.
Asimismo, está reprimido con prisión de 4 a 15 años quien lleve a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, así como quien obligue a alguien a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.
Cifras impactantes
En el informe pluriministerial presentado al Departamento de Estado norteamericano para la confección del informe global consta que durante 2018 fueron rescatadas 972 víctimas de explotación laboral y 522 víctimas de explotación sexual.
A su vez, el documento confirma que en la Argentina son captadas por grupos criminales internacionales y víctimas de explotación sexual y laboral personas que llegan mayoritariamente desde Paraguay, República Dominicana, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela, China y Brasil.
En lo que respecta exclusivamente a las denuncias telefónicas sobre trata de personas, el Ministerio Público Fiscal recibió 1858 llamadas, y de estos casos 522 fueron derivados a investigadores de la Justicia Federal, mientras que 440 fueron asignados a investigadores de los órganos judiciales de distintas provincias, según detalla el documento del Departamento de Estado.
Entre enero y diciembre del año pasado, 106 miembros de estas organizaciones criminales fueron procesados. De ellos, 71 integraban grupos dedicados a explotar mujeres en antros de esclavitud sexual: esta última cifra se duplicó en comparación con 2017, cuando solo 35 personas resultaron acusadas por regentear o facilitar la prostitución de alguna persona.
En los últimos 10 años, al menos 13.384 personas fueron rescatadas por las fuerzas federales de la explotación sexual y laboral en el país: 12.294 eran mayores de 18 años y 1090, menores.
“Es probable que sean organizaciones criminales que no tengan una logística ni un desarrollo demasiado depurado o potente. Aunque hay otros casos en los que se ven redes muy organizadas, en los que hay procesos de captación y explotación que son llevados a cabo por personas distintas. Cuando la organización es más importante suele haber muchos círculos de protección en relación al lugar de explotación, como los prostíbulos. Tienen protección policial y del poder político. Desde arreglos con los inspectores municipales hasta con los intendentes”, explicó el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Asistencia a las víctimas
El mes pasado, Diputados convirtió en ley -con 183 votos a favor, uno en contra y una abstención- la creación de un fondo fiduciario para asistir a las víctimas de la trata de personas en la Argentina. La propuesta había sido impulsada desde el oficialismo en línea con los puntos planteados en 2012, cuando se sancionó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Ese fondo se nutrirá del manejo de los bienes decomisados a las organizaciones criminales dedicadas a este delito.
“La iniciativa propone crear un fideicomiso público para la administración de los bienes muebles e inmuebles provenientes de este delito, y que dichos recursos sean destinados a la asistencia de las víctimas. También contempla que, al momento de la sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima como medida de reparación del daño sufrido”, explicó el Poder Ejecutivo tras la sanción de la ley.
El caso emblema, Marita Verón
El 3 de abril de 2002 Marita Verón, de 23 años, fue secuestrada a pocas cuadras de su casa. Sus captores eran parte de una red que traficaba mujeres, dato que pudieron averiguar los padres de la joven cuando iniciaron la búsqueda por sí solos.
A partir de entonces Susana -su madre- le puso el cuerpo a la búsqueda y empezó a recorrer burdeles vestida de prostituta tratando de encontrar a su hija que ya lleva casi dos décadas sin aparecer. De este modo liberó a muchas mujeres privadas de su libertad y se transformó en una de las referentes de la lucha contra la trata de personas en el país. Entre muchas cosas, logró modificar la legislación y visibilizar un problema minimizado en la Argentina.
El 19 de octubre de 2007 creó la Fundación María de los Ángeles con el objetivo de rescatar víctimas secuestradas para la trata de personas, la cual logró liberar a más de siete mil mujeres. Mientras busca incansablemente a su hija María de los Ángeles Verón (aun desaparecida). El 18 de junio de 2010 falleció su marido Daniel Verón.
Diez años después de su desaparición, en el 2012 el caso de Marita llegó a Juicio y luego de varios veredictos y apelaciones, todos los acusados fueron absueltos con el argumento de que los testimonios sobre los que se basaba la acusación no eran creíbles.
Fue en el 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó un recurso extraordinario y ordenó que los 10 condenados por la desaparición de la joven que volvieran a la cárcel.
El 18 de diciembre de ese año, los integrantes del Clan, acusados de formar parte de la red de trata que se llevó a Marita, fueron condenados a 10 años de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme. El fallo cosechó severas críticas desde los medios, las redes sociales y la sociedad tucumana. Susana, por su parte, continúa en la incansable búsqueda de su hija.
fuente: Puente Aereo